Eduardo Marcos Rueda, Abogado, magister en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Docente de la Universidad San Martín de Porres.
La intención de ofrecer una verdadera protección social frente a determinadas contingencias, siempre ha existido. Desde que se creó el Seguro Social Obrero, en 1936. Sin embargo, esta intención no se ha plasmado en realidad, sigue estando en la agenda pendiente. El diagnóstico actual es el que todos conocemos: La protección en salud y pensiones, por parte de las entidades de Seguridad Social sigue siendo de baja cobertura y de prestaciones inoportunas e insuficientes.
EN PRESTACIONES DE SALUD
En materia de salud, el Seguro Social de Salud, Essalud, nos ofrece servicios que no siempre se dan en los momentos en que verdaderamente se requieren. Lo cual no significa que el sistema sea malo. El problema es la operatividad.
Por lo demás, el sistema ha sido “golpeado” en los años recientes, sobre todo, en cuanto a su financiamiento. El argumento para reducir las aportaciones, por ejemplo, es la falta de oportunidad en la atención. Y esto es cierto pero no puede ser base para reducir los ingresos. Lamentablemente, continúa la menor aportación en las empresas del sector agrario, en los CAS, en las gratificaciones, etc. Y esto sin contar la opinión de la OIT para que se evalúe la elevación del 9% de la remuneración y que está a cargo del empleador.
EN MATERIA DE PENSIONES
La década de los noventa significó la incursión de una ola de reformas, en América latina, luego de la cual se implantaron los sistemas privados de pensiones. En el Perú se optó por el modelo paralelo, lo cual significa que están en funcionamiento los dos regímenes generales pero el trabajador sólo puede estar en uno de ellos.
La creación del SPP en nuestro país generó un cambio drástico. Lamentablemente, no se ha plasmado en mejoras para los trabajadores. No se ha mejorado la cobertura. El Perú –estando en un bajo nivel- no ha logrado elevar el número de personas que se incluyan en algunos de los dos regímenes. La intención de incorporar a los trabajadores independientes se frustró debido a que no se comprendía la modalidad de aporte ni se ofrecía buenas modalidades de jubilación.
También nació un costo de transición que hasta ahora no se ha logrado superar. El costo del pago de parte de la planilla del Sistema Nacional, el pago de los Bonos de reconocimiento. Incluso se generó un proceso de judicialización en este sistema que hasta no se puede superar y que sólo traslada el pago para períodos posteriores pero que hace mucho daño al beneficiario que, finalmente, obtiene su derecho.
Con recientes leyes se espera superar el amplio número de juicios pendientes contra la Oficina de Normalización Previsional. No obstante, ya se viene interponiendo procesos a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en muchos de los cuales el Estado peruano está perdiendo, con el consiguiente desprestigio. Se trata, sobre todo, de sentencias no ejecutadas o demoradas en su ejecución. Como dice la Corte, no basta el reconocimiento del derecho, es necesario pagarlo.
Lo cierto es que el esquema general de pensiones se configura con un Sistema Nacional (público) con restricciones de aplicación y un Sistema Privado con un mayor número de aportantes y colaborando con la dinamización de la economía nacional pero con pensiones que no cubren las expectativas de la mayoría de sus afiliados.
Los demás sistemas, los regímenes especiales (Caja Militar Policial, Decreto Ley 20530, cerrado, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, etc.), los seguro complementarios que cada vez cobran mayor importancia y el régimen no contributivo, cumplen su rol de protección social para sus propios asociados.
Para completar el cuadro, en los últimos tiempos se han venido dictando disposiciones legales y administrativas que no siempre son técnicos, sus fundamentos más parecieran estar ligados a intereses particulares o políticos. La devolución de aportes en el Sistema Privado, por ejemplo.
Las reformas en materia de Seguridad Social no han cubierto las expectativas. Se crean comisiones multisectoriales pero sin participación de los propios involucrados como son los empleadores y los propios trabajadores, el verdadero sostén del sistema. Algo parecido sucede con la devolución de aportes en el Sistema Privado, basado en una supuesta solución personal inmediata y no en la protección a largo plazo para el trabajador y sus familiares.
CONCLUSIÓN
El Sistema de Seguridad Social en nuestro país no ha logrado resultados positivos para los trabajadores. Incluso existe desigualdad en el reconocimiento de derechos.
Es importante pensar en una reforma liderada por el Estado y basándose en una política general de protección social en donde se incorporen todas las entidades de Seguridad Social. A partir de ello, determinar si el sistema actual es el correcto o es necesario sustituirlo por otro que no sea tan costoso para el afiliado y que tenga como visión la verdadera protección.
Es importante que se refuerce el sistema no contributivo (Pensión 65) tanto en sus montos como en su organización. Los estudios técnicos deben ser realizados por una Comisión de especialistas que no tengan vinculación o intereses y con ideas de verdadera protección social. Anteponer lo social a lo económico.
